Quién hace cumplir la ley?

Nadie duda de que la vida en sociedad sin una leyes mínimas haría muy difícil la convivencia. La ley surge como necesidad y no como capricho, a fin de impedir el abuso de unos sobre otros, a fin de equiparar a todos los ciudadanos independientemente de su fuerza física, color, raza. credo e incluso nivel económico.
Y las leyes suelen ser normas que nos resultan incómodas no pocas veces y que tenemos que acatar y cumplir a fin de garantizar ese buen vivir entre vecinos.
Pero qué ocurre cuando un individuo o un grupo de individuos se saltan la ley argumentando razones que podemos compartir en mayor o menor grado?
No podemos cencebir que unas protestas son "buenas " y otras "malas e interesadas"; qué da derecho a los de acampadasol a exigir a los comerciantes soportar objetivamente sus denuncias y denostar sus argumentaciones cuando ellos mismos se desgarran las vestiduras y agreden a los medios de comunicación que no dan "noticias veraces" de acuerdo a sus criterios de veracidad.
La ley debe ser de aplicación inequívoca, independiente de las personas y sus circunstancias ya que lo contrario no haría sino originar el caos. Quién y cómo establecería los criterios mediante los cuales un grupo determinado puede tomar un espacio público y otro no? Cómo definimos si el fin perseguido justifica el incumplimiento de la ley? Y si es así por qué no está tipificado en los reglamentos de dicha ley?
Hay algunos políticos que están lanzados a una peligrosa aventura en función de sus cálculos políticos, permitiendo el caos, el desorden y el desahogo de la ira de algunos ciudadanos sin mayores consecuencias para estos.
En estos días asistimos a una puesta en escena del "todo vale" para unos y nada vale para otros. A la izquierda más radical, como lo vivido en carne propia por Cayo Lara de IU, quien más ha querido capitalizar este movimiento le están explotando los petardos en las manos. Los comerciantes, los vecinos de las plazas y demás ciudadanos que utilizaban normalmente esos espacios invadidos por los acampados han sido relegados, durante semanas a ciudadanos de segunda ante la permisividad de quienes están obligados a hacer cumplir la ley.
Los partidos políticos deben tomar nota del descontento y distanciamiento existente entre sus cargos y aquellos a quienes dicen representar. El grueso de los indignados están en sus casa, fueron a votar el pasado 22 de mayo y reflejaron en las urnas su descontento. La inmensa mayoría de la población cree en nuestra democracia, con sus imperfecciones, cree en la nuestras leyes, pero la dejación de funciones de quienes tienen el deber y obligación de hacerlas cumplir nos pone al borde de un peligroso despeñadero.
Limitarse a votar no es, efectivamente, garantía de nada. Es importante que el ciudadano haga ver a aquellos en quienes ha delegado la administración del estado que está ahí para velar por el patrimonio y administrar sabiamente los fondos públicos, es decir, de los ciudadanos. Pero siempre dentro de lo pautado por la ley, sin excepciones. Los políticos deben entender que no se les ha dado carta blanca para emplear el patrimonio y dichos fondos para sus intereses particulares y partidistas.
El grueso de los indignados, están en casa, atentos a la actuación de los nuevos cargos elegidos. No hay mucho margen ya. La paciencia se agota y jugamos con fuego.

Es hora de hacer cumplir la ley, para todos por igual,  poner orden y empezar a trabajar. El país no soporta más esta dejadez gubernamental y los ciudadanos de bien, los que no han salido todavía a protestar, no podrán aguantar su frustración mucho más.